La fiscalía de Delitos Económicos de Neuquén formuló cargos por malversación contra seis integrantes de la cooperativa Viento Sur, acusados de desviar fondos públicos por más de 1.300 millones de pesos. El dinero estaba destinado a capacitaciones laborales y compra de herramientas para sus asociados.
La causa judicial también involucra a exfuncionarios del gobierno provincial, quienes, según la acusación, no habrían cumplido con los controles correspondientes sobre la ejecución del programa. La fiscalía apunta a que la falta de supervisión permitió que los fondos fueran utilizados fuera del objeto convenido.
Diego Mauro, dirigente del FOL. Fuente (X)
Dentro de las operaciones investigadas se encuentra la compra de vehículos y terrenos a nombre de la cooperativa Viento Sur en localidades del sur neuquino. Para la fiscalía, estas adquisiciones no se ajustan a los fines específicos del programa y constituyen un beneficio particular por fuera del marco legal.
Diego Mauro, uno de los imputados y referente de la organización, negó las acusaciones y aseguró que todos los gastos se relacionan con las actividades de formación que realiza la cooperativa. También señaló que nunca recibieron un pedido formal de rendición de cuentas.
El equipo de la fiscalía. Fuente (MPF)
Además de Mauro, fueron imputados Sonia Barrios, Lilian Larroza Velázquez, Gabriela Suppicich, Ruth Navarrete y Federico Sánchez. También se encuentra bajo investigación el exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, junto a otros exfuncionarios que autorizaron las transferencias.
Desde la defensa de los imputados indicaron que las tierras adquiridas por Viento Sur se utilizan para capacitar trabajadores en oficios vinculados a la construcción y al turismo. Mientras tanto, la Justicia continúa el análisis de documentación y declaraciones para avanzar en la causa.