El polémico abogado de Neuquén volvió a presentar una iniciativa en la Legislatura para transformar el régimen de servicios adicionales de la fuerza de seguridad provincial. El proyecto propone la creación del Registro Único de Disponibilidad para Servicios Adicionales (RUDSA), con la intención de asegurar la transparencia en la asignación de tareas que funcionará sin distinciones de jerarquía, antigüedad o género para todo el personal interesado en inscribirse de forma voluntaria.
La propuesta fue presentada por Alfredo Curi, en abogado que defendió a al ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza y también fue condenado por la millonaria estafa con los planes sociales.
Ricardo Soiza y Alfredo Curi. Fuente: (Emiliano Ortiz)
En el sistema de control digital propuesto, cada agente podrá verificar su posición en la lista de espera y el historial de pagos. El mecanismo rotativo de acceso a los servicios adicionales aspira a terminar con la concentración de beneficios en estructuras de conducción que excluyen a gran parte de los efectivos. El articulado prohíbe además la intermediación privada para la contratación de estas guardias de vigilancia y protección.
El esquema fija límites estrictos para evitar la monopolización de la demanda por parte de empresas externas. Ninguna firma privada podrá contratar más del 15% del total de horas disponibles mensualmente en el sistema. Asimismo, el texto determina que la prioridad de prestación de los adicionales corresponde al sector público antes de habilitar los servicios para entidades o personas particulares.
La intención es mejorar los ingresos de los efectivos policiales. Fuente: (Facebook)
En los fundamentos mencionaron que la falta de una reglamentación auditada desde fines de la década del 60 generó una distorsión en la aplicación práctica del servicio. Alfredo Cury sostuvo que el acceso actual se limita a grupos reducidos con rangos específicos en lugar de alcanzar a la totalidad de las familias policiales.
El régimen económico previsto contempla un tope de 20 horas semanales por agente para asegurar que todos los inscriptos reciban al menos una asignación mensual. Los efectivos mantendrán la habilitación para portar su arma reglamentaria durante el cumplimiento de estas tareas de seguridad extraordinaria. El proyecto ingresó formalmente por Mesa de Entradas el último día de marzo para su posterior tratamiento en comisiones.