Silvina Domínguez, jueza federal subrogante de Bariloche, fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por “mal desempeño”, a propósito del fallo del pasado 8 de junio. Pues, dispuso la entrega de tierras en litigio con el Ejército a la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue.
Para el diputado provincial Juan Martín, presidente del bloque de Juntos por el Cambio en Río Negro y autor de la denuncia, la magistrada violó “el deber de origen constitucional de fundamentar las sentencias”. De esta manera, critica que “en pocos días resolvió una problemática que, a decir del INAI, data de hace más de 50 años”, con una sentencia “de apenas 14 páginas, aunque las dos últimas se refieren a los honorarios de los abogados que intervienen en la causa”.

El legislador del PRO presentó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura. Fuente: (Twittter).
Por ello, considera que la jueza Domínguez no contempló elementos probatorios suficientes, en clara violación del “derecho a la defensa”, y que podría haber extendido la etapa de investigación, debido a que “no hay apuro, ya que la comunidad (mapuche) reside en el territorio y no se demostró en ningún momento la inminencia de su desalojo siquiera”.
La sentencia aún no es firme
El Lof Millalonco Ranquehue de Bariloche presentó a finales de 2020 un amparo contra el Ejecutivo nacional, el Ministerio de Defensa y el Congreso de la Nación, para obtener la titularidad de unas 180 hectáreas que han ocupado por más de 50 años, luego de que un grupo de militares ingresara a la comunidad y desmantelara un invernadero porque supuestamente creyeron que se trataba de una usurpación.

Militares desmantelaron una huerta de la comunidad en octubre de 2020.
La jueza admitió el amparo y ordenó al Ejecutivo nacional transferir el dominio de las tierras al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), para su posterior adjudicación a la comunidad mapuche.
El Ministerio de Defensa y el Ejército intentaron revertir el fallo ante la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, pero la solicitud fue rechazada por “extemporánea”. Entonces, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia, que aún no adopta una resolución.