El bloque PRO-Unión Republicana presentó en la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley que busca modificar el Código Procesal Penal provincial e incluir el concepto de "privación de libertad física y digital" dentro del régimen de prisión preventiva. La iniciativa apunta a restringir el acceso de los internos a celulares, internet, redes sociales y plataformas digitales, con el objetivo de impedir que continúen organizando delitos desde los establecimientos penitenciarios.
El texto, firmado por Juan Martín y otros legisladores de su bancada, sostiene que la detención física ya no resulta suficiente para frenar actividades ilícitas. Entre los delitos mencionados figuran estafas telefónicas, robo de datos personales, grooming, extorsiones y comercialización de drogas, con referencias a casos ocurridos en Río Negro, como el operativo en el penal de Cipolletti donde se secuestraron celulares y chips vinculados a una red de narcotráfico.
La propuesta incorpora un nuevo artículo 103 bis al Código Procesal Penal, estableciendo que la prisión preventiva debe incluir tanto la restricción ambulatoria como la limitación del acceso a dispositivos tecnológicos. Al mismo tiempo, garantiza mecanismos de comunicación controlada entre los detenidos y sus defensores, autoridades judiciales y familiares, para evitar vulnerar derechos básicos.
Juan Martín fue quien firmó el texto de la bancada.
El proyecto también modifica el artículo 109, explicitando que la prisión preventiva implica la privación de libertad física y digital. En sus fundamentos, los legisladores rionegrinos remarcan que la seguridad pública no puede quedar subordinada a vacíos normativos y que es necesario adecuar el sistema penal a las transformaciones tecnológicas actuales.
Río Negro se ampara en las resoluciones del Ministerio de Seguridad.
La iniciativa se vincula con medidas nacionales como la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad y la Resolución 300/2026 del ENACOM, que establecen el bloqueo de celulares en cárceles federales. En el plano provincial, se suma a reformas recientes en Río Negro como la incorporación de la reiterancia delictiva, el Registro de Huellas Genéticas y proyectos para instalar inhibidores de señal en penales.
Caso Mandagaray: las condenas siguen en revisión judicial
Avance en la causa de Gabriel Mandagaray.
El Tribunal de Impugnación de Río Negro confirmó las condenas contra los instructores responsables de la muerte del oficial Gabriel Mandagaray en 2021, rechazando los recursos de las defensas. Sin embargo, los abogados presentaron una apelación que fue declarada inadmisible, lo que obliga a recurrir al Superior Tribunal de Justicia mediante un recurso de queja.
Las penas incluyen prisión efectiva para Alejandro Gattoni, Alfredo Nahuelcheo y Maximiliano Vitali, además de una condena condicional para Marcelo Contreras. El hecho ocurrió durante un curso del COER en Bahía Creek, donde Mandagaray fue obligado a ingresar al mar con uniforme completo pese a no saber nadar, falleciendo por asfixia y lesiones previas según las pericias.