Por la crisis carcelaria imperante en la provincia, una jueza de garantías otorgó prisión domiciliaria a los tres imputados en un brutal intento de homicidio, ocurrido en San Martín de los Andes, y cuya víctima resultó ser el principal testigo de una causa por narcomenudeo.
De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal, la jueza de garantías Laura Barbé decidió enviar a la casa a los tres imputados luego de un informe que presentó la defensa sobre la crisis carcelaria en la provincia, que en la actualidad tienen nula capacidad en comisarías y penales para que se los aloje. El fiscal Gastón Ávila se opuso.
Gastón Ávila, fiscal jefe de San Martin de los Andes. Fuente (X)
La investigación se inició el 22 de agosto cuando la víctima fue golpeada, apuñalada y rociada con alcohol en una vivienda de San Martín de los Andes. Según se indicó “la víctima es el principal testigo de una investigación por microtráfico de drogas y corre grave riesgo”, y por esa razón, Ávila continúa solicitando medidas estrictas para protegerlo y garantizar el proceso judicial.
Por este hecho hay tres varones imputados, M.Z, S.A.C, J.A.L, y una mujer, C.I.V. También participó una persona menor de edad y no punible. La mujer acusada está detenida en dependencias de la Policía Federal en San Martín de los Andes.
El brutal hecho ocurrió el 22 de agosto. Fuente (RSM)
Tras el pedido de la defensa, la jueza Barbé ordenó que las detenciones se cumplan en domicilios previamente informados: dos en la ciudad de Neuquén y uno en San Martín de los Andes, con custodia policial permanente las 24 horas. También dispuso además una prohibición absoluta de contacto con la víctima y testigos, y que las personas acusadas no puedan salir de las viviendas, de la localidad, de la provincia ni del país.
“La medida de prisión preventiva sigue siendo procedente y los riesgos procesales están absolutamente vigentes –sostuvo la magistrada–. Pero de acuerdo con los informes oficiales, hoy en la provincia resulta de imposible cumplimiento en establecimientos de detención. No podemos ordenar una medida que no se puede llevar a cabo”.
Laura Barbé, jueza de garantías. Fuente (X)
Durante la audiencia, Ávila reafirmó la postura de la fiscalía y se opuso a modificar la medida de coerción. “Entendemos la crisis carcelaria, pero eso no impide que se pueda disponer una prisión preventiva cuando existen riesgos procesales. De lo contrario, implicaría que ninguna persona que cometa un delito podría ser privada de su libertad durante el proceso”, sostuvo.