Una jueza de Garantías, con el argumento de la actual crisis carcelaria, se negó dictar la prisión preventiva por 15 días para tres peligrosos delincuentes de Zapala que, de manera premeditada, intentaron asesinar a tiros a otra persona. La acusación que pesa sobre ellos es muy grave, tienen varias condenas, cuentan con herramientas para fugarse y la víctima, internado en terapia intensiva, corre peligro de muerte. Se investiga si a los acusados les pagaron para cometer el asesinato.
De acuerdo con la teoría que presentó la fiscal Marina Díaz, el hecho ocurrió el pasado 24 de enero, aproximadamente a las cinco de la tarde, en Zapala. Los tres imputados, C.R.C., M.S.B. y R.A.C., fueron en un auto hasta la vivienda de la víctima, quien se encontraba con sus hijos. Al arribar al lugar, M.S.B. descendió del vehículo e ingresó al patio delantero de la casa. Allí le manifestó que lo necesitaba para un trabajo y le pidió su número telefónico. En ese momento, cuando la víctima se dio vuelta, el imputado sacó un arma de fuego de entre sus ropas y comenzó a efectuarle disparos; tres de ellos impactaron en el cuerpo de la víctima. De inmediato, abordó el auto y escapó junto con los otros dos imputados.
Fiscal de Zapala, Marina Díaz. Fuente (MPF)
A los tres, la fiscalía les imputó el delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en calidad de coautores.
Durante la audiencia, Díaz requirió la detención preventiva de los tres acusados por el plazo de 15 días. Hizo hincapié en la gravedad del hecho y en el que la víctima sigue con riesgo de perder la vida. Destacó que el hecho ocurrió en plena luz del día, en presencia de otras personas y que fue cometido con dos o más personas, lo que eleva aún más la gravedad. En ese aspecto indicó que no se descarta la intervención de otras personas, lo que es materia actual de investigación, “con una posibilidad cierta de que se haya ofrecido una promesa remuneratoria para llevar adelante el homicidio”, señaló.
Comisaría 22 de Zapala. Fuente: (X)
Para requerir la medida más gravosa, sostuvo que existe un claro riesgo de fuga, ya que los imputados tienen antecedentes penales y que, luego del hecho, se fugaron. Además, hizo mención al comportamiento que tuvieron durante el procedimiento, que indica que “no es voluntad de los acusados que el hecho se investigue y someterse a la persecución penal”, indicó.
Otro de los riesgos que indicó la fiscal tiene que ver con que puedan entorpecer la investigación, considerando que los acusados van a continuar ocultando información, y que probablemente se desprendieron de evidencias relevantes. Además, afirmó que hay que cautelar el riesgo para la víctima y su familia, teniendo en cuenta el temor con el que cuentan y la influencia que los tres podrían tener sobre ellos, a los fines de evitar que declaren libremente.
Policía de Zapala sigue con la investigación. Fuente: (X)
Finalmente la fiscal requirió la prisión preventiva y afirmó que una medida menos gravosa resulta insuficiente para resguardar los fines del proceso. “Existen elementos de convicción suficientes para sostener que el delito se cometió y que los imputados son sus autores”.
Aunque compartió esos argumentos, la jueza de garantías Carolina González dispuso la prisión domiciliaria de los tres imputados por el plazo de 15 días, con consiga policial permanente, imponiéndoles la prohibición de tener contacto por cualquier medio tanto con la víctima como con cualquiera de los testigos. La detención domiciliaria fue dispuesta en base a la crisis carcelaria por la que atraviesa la provincia.
Antecedentes de los imputados
C.R.C. fue condenado a 11 años y 6 meses de efectivo cumplimiento, por el delito de homicidio, pena que agotaría el 9 de julio de 2028, y que había adquirido la libertad condicional desde enero de 2023.
R.A.C. fue condenado, mediante acuerdo, a 4 años y 6 meses de cumplimiento efectivo, por los delitos de robo y tenencia de arma.
M.S.B., mediante acuerdo, fue condenado a tres años de prisión por los delitos de amenazas en contexto de violencia de género; agresión; desobediencia a una orden judicial y por robo. Condena que agotaría el 11-de junio de 2026 y que en noviembre de 2024 se le concedió el beneficio de libertad condicional.