La CGT comenzó a preparar una eventual impugnación judicial contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno y ya identificó los artículos que considera más vulnerables desde el punto de vista constitucional. La advertencia fue formulada por el cotitular de la CGT, Jorge Sola, quien sostuvo que el proyecto contiene disposiciones que colisionan con principios básicos del derecho laboral y anticipó que, si la iniciativa se aprueba sin cambios, el conflicto se trasladará a los tribunales.
El dirigente sindical señaló a través de Radio Rivadavia. que la estrategia inmediata de la central obrera se apoya en dos ejes. Por un lado, profundizar el diálogo con senadores de distintos bloques para intentar introducir modificaciones al texto que el oficialismo envió al Congreso. Por otro, avanzar en un análisis técnico detallado de la iniciativa con el equipo jurídico de la CGT, que ya comenzó a estudiar los alcances de la norma.
Dirigentes de la CGT analizan el contenido de la reforma laboral y coordinan la estrategia política y judicial.
Ese grupo de abogados es el mismo que a fines de 2023 impulsó la acción de amparo contra el DNU 70 y logró que la Justicia declarara la invalidez constitucional de su capítulo laboral. En esta oportunidad, el foco principal de la impugnación volvería a estar puesto en la reglamentación del derecho de huelga.
Entre los artículos más cuestionados se encuentra el número 88, que fija porcentajes mínimos de funcionamiento durante medidas de fuerza en sectores como transporte, educación, salud y otros servicios considerados estratégicos. El proyecto establece un piso del 75% de actividad para los servicios esenciales y del 50% para los calificados como trascendentales, un esquema que la confederación sindical considera más restrictivo que los estándares fijados por la Organización Internacional del Trabajo.
Jorge Sola, cotitular de la central obrera, cuestionó la constitucionalidad de varios artículos del proyecto oficial.
La nómina de actividades alcanzadas incluye servicios sanitarios, energía, telecomunicaciones, transporte aéreo y portuario, educación obligatoria, recolección de residuos y comercio exterior, además de sectores industriales, financieros, alimenticios, logísticos y vinculados a compromisos de exportación.
Desde la central obrera sostienen que este artículo reproduce disposiciones ya incluidas en el DNU 70, uno de los fundamentos centrales de su declaración de inconstitucionalidad. Por ese motivo, el derecho de huelga vuelve a perfilarse como el eje principal de la eventual presentación judicial.
La reglamentación del derecho de huelga vuelve a ser el punto más sensible del debate entre el Gobierno y el sindicalismo.
Las objeciones de la CGT también fueron compartidas por Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo de Cambiemos durante una entrevista con La Voz del Interior, a través de la cual advirtió sobre posibles zonas grises del proyecto, especialmente en lo referido a la ultraactividad de los convenios colectivos y la prelación entre acuerdos por empresa y convenios de alcance nacional o regional. Según señaló, una redacción imprecisa podría derivar en una mayor judicialización y generar incertidumbre tanto para trabajadores como para empleadores.