La Confederación General del Trabajo (CGT) dio un nuevo paso en su estrategia contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional y sancionada por el Congreso al presentar un recurso de amparo. La acción fue ingresada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7, a cargo del juez Enrique Lavie Pico, el mismo magistrado que en 2024 había dejado sin efecto el capítulo laboral del decreto de desregulación.
El escrito lleva la firma del triunvirato que conduce la central obrera y de dirigentes de distintos gremios, quienes argumentan que la norma vulnera derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, además de principios de la OIT y del Pacto de San José de Costa Rica. La presentación de la CGT se concretó tras la movilización hacia los tribunales de Talcahuano, donde los sindicalistas reclamaron que se declare la inconstitucionalidad de la reforma.
En su comunicado, sostuvo que la llamada "modernización" laboral implica un retroceso en garantías colectivas e individuales, violando el principio de progresividad que impide adoptar medidas regresivas en materia de derechos. También señalaron que se afecta el principio protectorio, destinado a equilibrar la relación entre empleadores y trabajadores, y evitar abusos contra el sector más vulnerable.
La CGT se movilizó esta semana para judicializar la medida.
Entre los puntos cuestionados, la central obrera advirtió que la reforma habilita jornadas de hasta 12 horas y elimina el pago de horas extras, lo que impactaría directamente en los salarios. Asimismo, la Confederación General de Trabajo criticó la supresión de sanciones para empresas incumplidoras y la posibilidad de que las indemnizaciones por despido se paguen en cuotas a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).
La sede sindical pide que se modifiquen algunos puntos de la reforma.
La presentación judicial abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y el movimiento sindical. Mientras el oficialismo defiende la reforma como una herramienta para dinamizar el mercado laboral, la CGT insiste en que se trata de un ataque a derechos históricos de los trabajadores y confía en que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la norma.
Reforma laboral: estaciones de servicio declaradas servicio esencial
Las gasolinerías pasan a tener un rol preponderante en días de paro.
Con la promulgación de la Ley 27.802, el Gobierno nacional incluyó a las estaciones de servicio y toda la cadena de valor del petróleo y gas dentro de los "servicios esenciales". Esto implica que, ante cualquier medida de fuerza, deberán garantizar un 75 % de la prestación habitual, un porcentaje superior al exigido en otras actividades estratégicas.
La reforma también establece límites al ejercicio del derecho a huelga en el sector, regulando asambleas y prohibiendo bloqueos de establecimientos. Para los sindicatos y empresarios, la nueva normativa redefine la dinámica laboral del expendio de combustibles y refuerza el carácter estratégico del abastecimiento energético.