El Gobierno nacional ha iniciado una serie de gestiones para trasladar al Congreso, durante el mes de abril, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Esta iniciativa constituye uno de los ejes centrales del entendimiento comercial suscripto con EEUU y busca obtener la sanción definitiva en la Cámara de Diputados.
Según consignan fuentes oficiales citadas por TN, la aceleración de este debate responde a los plazos de implementación acordados con la administración de Washington, en un contexto donde el frente de propiedad intelectual se reconoce como el capítulo más complejo de la agenda bilateral. La medida se inscribe en la estrategia de alineamiento internacional profundizada por la gestión de Javier Milei, que ya ha avanzado por vía administrativa en otros puntos del acuerdo, como la supresión de barreras no arancelarias y el reconocimiento de certificaciones.
El oficialismo busca consenso para aprobar el tratado de patentes.
La trastienda oficial refleja discrepancias internas sobre la estrategia parlamentaria a seguir. Mientras un sector de la Casa Rosada considera que el expediente con media sanción del Senado de 1998 ha quedado obsoleto frente a los nuevos compromisos, otros sectores sostienen que dicho antecedente mantiene su vigencia y debe ser el vehículo para evitar una reapertura total de la ingeniería legislativa.
El oficialismo debate la validez de antecedentes legislativos para el acuerdo.
El tratado en cuestión permite centralizar solicitudes de patentes en múltiples jurisdicciones bajo la órbita de la WIPO, funcionando como una señal de convergencia institucional con la Casa Blanca. A la par, el Gobierno ya ha comenzado a adecuar el marco regulatorio local mediante la resolución 75/2026 del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, que estableció la actualización arancelaria bajo la nueva Unidad de Medida Arancelaria de la Propiedad Industrial con ajustes mensuales vinculados a la inflación.
Los laboratorios locales expresan dudas por el impacto en genéricos.
El escenario legislativo enfrenta, además, una fuerte tensión con el sector farmacéutico. Según el portal informativo, en los despachos de Balcarce 50 admiten que los laboratorios internacionales presionan a favor de la adhesión al PCT, mientras que las empresas de capitales locales manifiestan su resistencia por el posible impacto en la competencia de genéricos y el mercado interno.
Este conflicto de intereses se complementa con la reciente eliminación de normativas de 2012 que restringían la patentabilidad químico-farmacéutica, obligando ahora al Poder Ejecutivo a resolver cada solicitud según los criterios generales de la Ley 24.481. En este marco, la administración central busca consolidar los votos necesarios en abril para cumplir con los compromisos externos, sorteando las dudas del Gobierno sobre el costo político de avanzar en una reforma que redefine las reglas de propiedad industrial en el país.