A través de una resolución conjunta firmada por los ministros de Salud y Economía, Mario Lugones y Luis Caputo, junto al titular del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Carlos María Gallo, el Gobierno Nacional derogó la normativa de 2012 que imponía severos condicionamientos al registro de medicamentos y otros productos farmacéuticos
La nueva medida establece que, a partir de ahora, el INPI recupera la facultad técnica de evaluar y decidir la procedencia de cada solicitud de patentamientos de medicamentos de manera individual, eliminando el extenso decálogo de pautas técnicas que funcionaba como un escollo burocrático.
El INPI evaluará cada solicitud farmacéutica sin restricciones externas previas.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, señaló que este cambio estructural busca modernizar el sistema para garantizar el acceso a tratamientos de vanguardia y fortalecer la seguridad jurídica, alineando al país con estándares internacionales y acuerdos comerciales estratégicos, como el mantenido con Estados Unidos.
Según Infobae, un punto central de la reforma dispone que los titulares de patentes concedidas bajo este nuevo marco no podrán interrumpir la venta de medicamentos que ya se comercialicen en el mercado interno, ni exigir retribuciones o daños por dicha actividad. Desde la cartera de Desregulación explicaron que esta cláusula, identificada por expertos del estudio Marval, O’Farrell & Mairal como un puerto seguro o "safe harbor", pretende resguardar la estabilidad de la oferta actual y proteger a los laboratorios que ya operan en el país con estos remedios.
Sturzenegger destacó la alineación argentina con los estándares internacionales vigentes.
No obstante, el mencionado informe jurídico advirtió que esta limitación a los derechos de propiedad podría derivar en cuestionamientos sobre su validez constitucional y generar futuras disputas legales por parte de empresas que se consideren privadas de percibir regalías por sus invenciones.
El Ejecutivo sostiene que la eliminación de las trabas previas fomentará la competencia a largo plazo y la inversión en investigación y desarrollo, facilitando que terapias innovadoras lleguen al público local sin las demoras que imponía el régimen anterior para los fármacos. Según la visión oficial, el esquema derogado dificultaba el reconocimiento de la propiedad intelectual en niveles que no existen en otros países del mundo, actuando como un freno a la innovación tecnológica en salud.
Los titulares de patentes no podrán impedir la comercialización vigente.
Con esta normalización, el Gobierno proyecta una mayor integración de Argentina en las cadenas globales de valor, asegurando que la protección de la innovación se traduzca en una llegada más rápida de medicamentos y en la creación de empleo calificado dentro del sector farmacéutico nacional.