El Gobierno nacional confeccionó una nueva propuesta de reforma económica para enviar al Congreso de la Nación, orientada a modificar normativas históricas que regulan la navegación fluvial, las transacciones inmobiliarias y el régimen de comercialización de medicamentos. Según la información obtenida por el diario La Nación a partir de fuentes del Poder Ejecutivo, el proyecto fue redactado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo la conducción de Federico Sturzenegger, con la premisa de anticipar las oportunidades de debate legislativo.
El paquete normativo busca suprimir barreras de entrada al mercado y promover la competencia mediante la reforma de las leyes de cabotaje, de farmacias y de martilleros públicos. De forma paralela a esta iniciativa, el oficialismo evalúa impulsar la derogación de la ley de etiquetado frontal de alimentos, una exigencia resistida por los fabricantes debido a las asimetrías de empaquetado existentes con Brasil y Uruguay dentro del Mercosur.
El proyecto oficial flexibilizará la comercialización de los fármacos.
El medio de comunicación destacó que el apartado dedicado al transporte por agua intenta restablecer postulados del DNU 340/2025 que el Parlamento había rechazado, abriendo el cabotaje interno a embarcaciones extranjeras mediante autorizaciones temporales renovables de hasta 180 días. En la Casa Rosada sostienen que la inserción de navíos del exterior abaratará la logística y beneficiará a las provincias septentrionales.
Por su parte, la reconfiguración del circuito de los medicamentos propone terminar con el monopolio de las oficinas de farmacia físicas para los productos de venta libre, permitiendo su exhibición directa en góndolas de otros comercios y expandiendo los canales de distribución digital con entrega domiciliaria.
Las reformas permitirán el cabotaje interno de buques extranjeros.
El portal informativo agregó que estas transformaciones de los fármacos retoman artículos sobre medicamentos del DNU 70/2023 que sufrieron suspensiones judiciales preventivas por reclamos de cámaras sectoriales.Finalmente, el capítulo inmobiliario suprime la exigencia de poseer un título universitario y matrícula en colegios profesionales para intermediar en operaciones de compraventa. Desde la cartera desreguladora argumentan que estos requisitos elevan los costos de transacción para los compradores y vendedores.
El Ministerio de Desregulación suprimirá la matriculación inmobiliaria obligatoria
El paquete legal, que involucra a los remedios y a los servicios comerciales, plantea un escenario de complejas discusiones parlamentarias debido a las objeciones que estas modificaciones ya han suscitado en los ámbitos corporativos, judiciales y legislativos del país.