El Gobierno nacional ha puesto en marcha un ambicioso plan para captar dólares mediante la aceleración del proceso de privatizaciones contemplado en la Ley Bases. El Poder Ejecutivo busca desprenderse de diversas compañías estatales antes de que finalice el año, persiguiendo tanto un alivio en el gasto público como un ingreso de divisas que el Ministerio de Economía estima en aproximadamente 2000 millones de dólares.
Una nota de TN destacó que, para fuentes oficiales, el gran reto de la gestión es lograr que los cobros por estas adjudicaciones se materialicen dentro del presente ejercicio fiscal, cumpliendo con los plazos administrativos que suelen demandar entre cuatro y seis meses de tramitación.Dentro del marco de este paquete de reformas, se autorizó la transferencia al sector privado o concesión de ocho entidades, entre las que destacan Aysa, Enarsa e Intercargo. Para el caso de la prestadora de servicios de agua, el pliego prevé una concesión a 30 años con la que se espera recaudar unos 500 millones de dólares, manteniendo una pequeña participación accionaria para los empleados.
Luis Caputo coordina el flujo de divisas por ventas estatales.
Por su parte, la empresa de servicios aeroportuarios Intercargo ya tiene fecha para la recepción de ofertas el próximo 10 de junio, con un valor base de 45 millones de dólares. Según esta normativa de emergencia, cada proceso requiere etapas de tasación, marcos regulatorios y licitaciones transparentes para asegurar la llegada de capitales.
El avance de la Ley Bases también incluye sectores estratégicos como la energía y el transporte. Enarsa prevé ingresos por la venta de participaciones en transportadoras eléctricas y centrales termoeléctricas, mientras que en materia vial se licitarán unos 9000 kilómetros de rutas nacionales. Según el portal informativo, en estos casos, y sumando el proceso de Belgrano Cargas, desde el Ejecutivo sostienen que los contratos no deben verse únicamente como una recaudación directa, sino que priorizan las inversiones en infraestructura que los nuevos operadores deberán garantizar.
Aysa iniciará su licitación privada con financiamiento de organismos internacionales.
Fuentes cercanas al proceso defienden que estas operaciones no funcionan como simples comprobantes de venta debido a las obligaciones de mejora que conllevan.Para alcanzar la meta financiera propuesta por Luis Caputo, el oficialismo también contempla operaciones externas a la regulación de bases, como la venta de la participación de YPF en Metrogas, que aportaría otros 700 millones de dólares.
El proceso vial incluye la explotación de 9000 kilómetros de rutas.
A pesar de la complejidad técnica que representa el traspaso de firmas como Trenes Argentinos o Yacimientos Carboníferos Río Turbio, el objetivo del Gobierno es concluir la fase administrativa de la Ley Bases y de esta pieza legislativa clave antes de 2027, consolidando un esquema de gestión privada que reduzca de forma definitiva el déficit operativo del Estado nacional.