La diputada del bloque Arriba Neuquén, Gisselle Stillger, junto a los legisladores Mercedes Tulián, Marcelo Bermúdez, Verónica Lichter y Damián Canuto, del bloquee PRO-NCN, ingresaron en la legislatura neuquina, un proyecto de ley para declarar a la educación, en el período de escolaridad obligatoria, “como servicio público, estratégico y esencial”, explicaron.
Los legisladores aseguraron que el objetivo que persigue la iniciativa es “garantizar la protección y promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, asegurando un mínimo de 180 días de clases al año”, para lo cual las autoridades “deberán garantizar la apertura de las escuelas y la permanencia de los estudiantes durante toda la jornada escolar, “en caso de medidas de fuerza” que afecten a la educación.
Gisselle Stillger, diputada provincial por Arriba Neuquén. Fuente: (La Voz del Neuquén)
De acuerdo a lo que señala el proyecto, el estado deberá garantizar el dictado de clases “en un mínimo de 75 % de la jornada escolar, para todos los niveles y modalidades del sistema educativo” y en el caso de las escuelas especiales, hogares, albergues y escuelas con comedores, “el porcentaje será del 100 %. Establece, además, un procedimiento para determinar “la cantidad de personal necesario para cumplir con el servicio mínimo, asignando funciones y pautas horarias”. “Se priorizará el derecho a la educación, a través del dictado efectivo de clases”, afirmó la legisladora.
De acuerdo al texto de la norma, los directores o responsables de cada escuela “deberán informar diariamente las asistencias e inasistencias del personal a la autoridad superior”. Dispone también que las autoridades deberán garantizar que los servicios no prestados “sean repuestos para completar la enseñanza de todos los contenidos del período lectivo”.
La norma busca evitar que los paros docentes afecten el dictado normal de clases. Fuente: (Facebook)
La propuesta de ley “intenta evitar que las medidas de fuerza afecten las responsabilidades laborales de las familias”, afirmó Stillger y aclaró que “una vez sancionada, el ejecutivo tendrá 180 días para reglamentarla”. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Educación, que deberá velar por el cumplimiento de la norma, cuya transgresión será considerado una falta grave y podrá derivar en sanciones, afirmó la legisladora.