Un grupo de diputados neuquinos presentó un proyecto de ley que busca implementar el examen toxicológico obligatorio para todos los funcionarios públicos de la provincia. La iniciativa fue anunciada por el gobernador Rolando Figueroa durante su discurso de apertura de sesiones en la Honorable Legislatura de Neuquén.
La propuesta establece que los exámenes deberán realizarse a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluyendo al gobernador, ministros, intendentes, legisladores, jueces, fiscales, personal del poder judicial, policía provincial y servicio penitenciario. El objetivo central es asegurar que quienes ejercen funciones públicas lo hagan en condiciones adecuadas y libres de sustancias que puedan comprometer su desempeño.
Los exámenes incluirán a las fuerzas policiales. Fuente: (Policía del Neuquén)
El proyecto también establece que el examen toxicológico deberá realizarse de manera obligatoria y aleatoria, con una periodicidad de tres veces al año. Los análisis se llevarán a cabo en laboratorios e instituciones autorizadas bajo la supervisión del Ministerio de Salud, que actuará como organismo de control del proceso. En caso de arrojar un resultado positivo, se implementará un procedimiento administrativo para determinar si se trata de un consumo ocasional, dependencia o uso médico justificado.
“El combate contra la droga es una verdadera política pública integral”, expresó el gobernador Figueroa durante la apertura de sesiones, al destacar la importancia de la ley para garantizar la transparencia y la responsabilidad en la función pública. Además, se establece que los funcionarios que deseen cuestionar los resultados podrán solicitar una contraprueba en un laboratorio diferente al inicial.
Ministerio de Salud de Neuquén. Fuente: (X)
El proyecto de ley de examen toxicológico también contempla medidas disciplinarias para quienes presenten resultados positivos. En caso de detectarse una adicción, el funcionario deberá someterse a un proceso de rehabilitación y solicitar una licencia sin goce de sueldo mientras dure el tratamiento.
Además, la iniciativa busca fomentar la confianza de la ciudadanía en sus autoridades, asegurando que los representantes políticos desempeñen sus funciones en condiciones óptimas para la toma de decisiones responsables.