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Consumos problemáticos

Legisladores de Neuquén comenzaron a discutir el proyecto de narcotest para políticos, jueces y policías

El borrador unifica cinco proyectos y establece una serie pruebas toxicológicas periódicas para autoridades.

Nicolás Rzonscinsky
Nicolás Rzonscinsky
Legislatura de Neuquén. Fuente: (Emiliano Ortiz)
Legislatura de Neuquén. Fuente: (Emiliano Ortiz)

La Legislatura de Neuquén analiza un proyecto de ley que prevé la realización obligatoria de narcotest a políticos, jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad. La iniciativa contempla controles periódicos y aleatorios, con sanciones ante resultados positivos.

El debate se desarrolla en la comisión de Desarrollo Humano y surgió de una propuesta inicial del gobernador Rolando Figueroa, quien en la apertura de sesiones legislativas planteó la necesidad de implementar controles voluntarios como parte de la lucha contra el narcomenudeo. El texto actual unifica cinco proyectos presentados durante el año.

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En 2016, el entonces intendente de Neuquén, Horacio "Pechi" Quiroga fue noticia al
hacerse una rinoscopía. Fuente: (X).

La medida alcanzaría al propio gobernador, miembros de gabinete, presidentes de entes y directores provinciales, así como a jueces, fiscales y consejeros de la magistratura. También se incluiría a personal policial, penitenciario y fiscales que investiguen narcotráfico. Se analiza además exigir la prueba a candidatos en elecciones provinciales y municipales.

El narcotest detectará sustancias psicoactivas no prescriptas, como alcohol, cannabis, cocaína, fentanilo, heroína, ketamina y alucinógenos. El Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación y definirá si un positivo corresponde a consumo ocasional, dependencia o prescripción médica no declarada.

El gobernador Figueroa presentó la idea en la apertura de sesiones. Fuente: (Emiliano Ortiz).

“Es una herramienta clave para transparentar el ejercicio de la función pública”, sostuvo Figueroa, quien señaló que el objetivo es aplicar un protocolo que garantice el derecho a la defensa y la confidencialidad de los resultados.

Entre los puntos pendientes figura el financiamiento. Se evalúa si el narcotest se realizará en laboratorios públicos o privados y si el costo será asumido por el Estado o por cada funcionario. La definición quedará en manos de la comisión, que deberá emitir despacho en las próximas semanas.