Por 29 votos a favor y 2 en contra, la Legislatura de Neuquén sancionó la ley que obliga a funcionarios públicos de la provincia a someterse anualmente a un test que revele el consumo de drogas.
El texto sancionado dispone que los exámenes toxicológicos son requisito fundamental para el acceso y permanencia en cargos públicos, y tendrán una periodicidad mínima de una vez por año. La negativa injustificada a realizarse el narcotest será considerada equivalente a un resultado positivo.
Los diputados transformaron en ley el proyecto por 29 votos a favor y 2 en contra. Fuente (Legislatura de Neuquén)
Los narcotests estarán a cargo del Ministerio de Salud provincial y buscarán detectar opioides, cannabinoides, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, benzodiacepinas, barbitúricos y otras sustancias psicoactivas prohibidas.
La obligatoriedad alcanzará al gobernador y vicegobernador, ministros, secretarios, diputados provinciales, jueces, fiscales, defensores, consejeros de la Magistratura, directivos de organismos autárquicos, descentralizados y empresas estatales. También incluye a intendentes y concejales de toda la provincia.
Imagen de un procedimiento de narcotest. Fuente (Google)
El objetivo central, según el articulado, es que la función pública se desarrolle “libre de los efectos de sustancias psicoactivas prohibidas y sin vínculos con el narcotráfico”, asegurando un desempeño compatible con las responsabilidades institucionales.
Los autores de la iniciativa, integrantes de los bloques del Pro, Avanzar Neuquén y el MPN, justificaron el proyecto de narcotest obligatorio con el argumento de que tiene como objetivo “garantizar la ética, la integridad y transparencia de la gestión pública. En contra del proyecto se pronunció el bloque del Frente de Izquierda.