En una resolución que modifica el panorama legal del trabajo en la Argentina, el magistrado Raúl Horacio Ojeda decidió revocar parcialmente la cautelar que mantenía suspendida una parte sustancial de la reforma laboral impulsada a través de la Ley de Modernización Laboral.
Según un análisis publicado por Infobae, la decisión del juez, emitida tras un planteo inicial de la CGT, deja sin efecto la interrupción del artículo 55 de la ley 27.802, el cual establece el nuevo mecanismo de actualización para los créditos laborales en procesos judiciales vigentes. Este fallo judicial de abril de 2026 implica que las deudas derivadas de relaciones de trabajo se ajustarán ahora mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un adicional del 3% anual, un esquema que el propio magistrado había frenado apenas unos días antes.
El fallo judicial actualiza los intereses en los juicios laborales.
Destacó el portal informativo que el cambio de postura del magistrado se fundamentó en un análisis técnico que advirtió que mantener la suspensión del artículo 55 podía resultar contraproducente para los propios trabajadores. Según la resolución, estudios de campo realizados por la Red Académica de Jueces del Trabajo revelaron que esta transformación de la normativa de empleo es, en muchas provincias, más beneficiosa que las doctrinas judiciales locales previas.
Jurisdicciones como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán y varias provincias patagónicas presentaban regímenes que quedarían por debajo del esquema previsto en la reforma laboral. De esta manera, la justicia reconoció que una medida de alcance nacional y uniforme no lograba proteger equitativamente a los operarios, validando así la aplicación de la reforma laboral en el territorio argentino debido a la falta de homogeneidad en los sistemas provinciales.
Tribunales provinciales recuperan autonomía para aplicar la nueva normativa laboral.
A partir de este nuevo escenario, la Justicia determinó que cada jurisdicción deberá evaluar de forma individual la pertinencia de aplicar los artículos referidos a los intereses y actualizaciones en los juicios en trámite. El medio de comunicación destacó que este retroceso parcial expone las complejidades de dictar medidas suspensivas sobre paquetes legislativos extensos, ya que la resolución original fue interpretada por sectores como la Unión Industrial Argentina (UIA) como una afectación a la seguridad jurídica.
Estudios técnicos demuestran beneficios del nuevo sistema para los trabajadores.
Mientras la discusión de fondo sobre la constitucionalidad de la reestructuración del régimen de trabajo continúa, el juzgado admitió que la provisionalidad de las medidas permite corregir alcances que, en la práctica, podrían generar perjuicios no previstos en el diseño inicial de la protección judicial dentro de la reforma laboral.