Tras obtener el respaldo judicial que validó la reforma laboral, el gobierno nacional formalizó la puesta en marcha del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), una normativa que establece una baja considerable en los aportes patronales para quienes incorporen personal no registrado.La medida se instrumentó a través del decreto 315/2026, con el aval del presidente Javier Milei y los ministros Luis Caputo, Sandra Pettovello y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.
El esquema prevé que los empleadores inscritos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desde el 10 de diciembre de 2025 accedan a un alivio en las cargas de seguridad social durante un plazo de 48 meses. El beneficio aplica a vínculos laborales que se formalicen entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, con el requisito de que estas nuevas altas no excedan el 80% de la plantilla total de la empresa.
El Boletín Oficial detalla el nuevo esquema de contribuciones.
El programa está diseñado para cuatro grupos específicos: individuos sin empleo registrado al 10 de diciembre de 2025, personas desocupadas durante el semestre previo al alta, exmonotributistas sin actividad de dependencia reciente y antiguos empleados del sector público en cualquiera de sus niveles.
La medida apunta a fomentar la contratación en blanco.
Este componente de la reforma laboral fija alícuotas diferenciales del 2% para el SIPA y asignaciones familiares, y del 3% con destino al INSSJP. Desde el Ejecutivo se aclaró que si el trabajador obtiene ingresos extras tras el inicio de la relación, el beneficio para el empleador no se verá alterado. No obstante, se mantiene la obligatoriedad de la cuota mensual al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la ARCA será el organismo encargado de fiscalizar el cumplimiento de los requisitos, pudiendo aplicar sanciones y exigir la recomposición de fondos en caso de irregularidades.
Las empresas podrán reducir sus costos laborales fijos.
La implementación de esta reforma laboral se aceleró luego de que la Cámara de Apelaciones del Trabajo revocara la cautelar que mantenía suspendidos diversos artículos y la justicia definiera que las demandas gremiales deben tramitarse en el fuero Contencioso Administrativo.Con esta actualización normativa, el Estado busca facilitar la transición de beneficiarios de planes sociales al mercado formal mediante un intercambio de datos entre ARCA y Capital Humano.
Esta reestructuración del mercado de trabajo faculta a las carteras de Trabajo y Recaudación para dictar las pautas complementarias que aseguren la operatividad de los incentivos fiscales en todo el territorio nacional.